Después del 26 de mayo de 2023 regirán sanciones al cumplirse dos años de haberse publicado en el Registro Oficial la Ley de Protección de Datos Personales.
La primera disposición transitoria de esta norma indica que “las disposiciones relacionadas con las medidas correctivas y el régimen sancionatorio entrarán en vigencia en dos años contados a partir de la publicación de esta ley en el Registro Oficial”.
En cumplimiento de esta ley, bancos y empresas solicitan actualización de datos a sus clientes para dar consentimiento a cada entidad para tratar sus datos personales para un servicio financiero o la naturaleza de la institución que les solicita, garantizando el cumplimiento de las normas vigentes y la protección de sus datos personales.
Por ejemplo, En Banco Pichincha la autorización indica que se utilizará la información para evaluar oportunidades de crédito, entregar ofertas personalizadas y que “el tratamiento de datos tendrá las siguientes finalidades: elaborar y/o segmentar perfiles; realizar análisis crediticios incluso mediante técnicas automáticas; desarrollar acciones comerciales de productos y servicios financieros y/o comerciales; y/o, comercializar y promocionar (incluyendo el envío de publicidad por cualquier medio) diferentes productos y servicios financieros y/o comerciales”. Además la autorización contiene el reconocimiento del cliente del ¨derecho del banco a limitar o terminar la relación comercial en el caso de que esta autorización sea revocada”.
La Asociación de Bancos del Ecuador (Asobanca) también recalca que “si un cliente no acepta el uso y manejo de sus datos personales podría afectar la provisión de servicios que la entidad financiera presta actualmente, considerando que el tratamiento de datos personales, de acuerdo con el marco de la ley, es indispensable para la prestación óptima de servicios”.
Sin embargo, considera que el cliente puede sentirse tranquilo con esas autorizaciones porque el objetivo es impedir el mal uso de la información personal para propósitos comerciales y sin consentimiento. “Es el momento que la gente le pierda el miedo a la divulgación de la información en medios seguros, a fuentes seguras, porque ya existe una ley que va a proteger sus derechos”. El problema que ve es que la gente no quiere leer, informarse, saber que con esta ley la compra de bases de datos de orígenes dudosas debería desaparecer eventualmente.
